"Demasiado generoso, concesiones demasiadas amplias, pero es necesario", comentó a Catamarca 12 un economista ligado al sector minero sobre el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases que entró en comisiones este martes en el Senado. El proyecto cuenta con un fuerte lobby del sector y el apoyo de los gobernadores de la región, lo que explica que quienes accedieron a dialogar eligieron el anonimato.

El RIGI impulsado desde la Mesa del Cobre, que crearon los gobernadores de Catamarca, Salta y San Juan, replicando la Mesa del Litio, está pensado sobre todo para impulsar los 6 proyectos de explotación de cobre que existen actualmente en Argentina, con previsión de iniciar producción entre el 2024 y 2030: Proyecto MARA (Catamarca), Josemaría (San Juan); San Jorge (Mendoza); Taca Taca (Salta); Los Azules (San Juan); El Pachón (San Juan). 

Con el cobre sucede lo mismo que con el litio, es un mineral clave para la transición energética; no obstante, el litio ha sufrido una caída estrepitosa en los mercados internacionales. Según datos de la Mesa del Cobre de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), las inversiones estimadas para que estos proyectos se materialicen rondan los 20.000 millones de dólares.

Para incentivar las inversiones uno de los primeros obstáculos a zanjar es la libre dispobilidad de divisas que plantea el RIGI para que los inversionistas puedan recuperar los dólares invertidos. Lo otro es la carga tributaria de la Argentina para el sector, que aún sin producir cobre actualmente, se ubica en el 50,8%, mientras que Chile y Perú, que son los mayores productores de cobre a nivel mundial, registran un 38,5% y un 44,3% de carga tributaria, respectivamente.

La carga tributaria y el acceso a las divisas es la parte que la mayoría de los actores de la industria consideran necesaria, sin embargo señalan que el espíritu del RIGI es demasiado permisivo, y que beneficios como el derecho de importación 0, o bajar 10 puntos del impuesto a las ganancias (del 35% al 25%), son excesivos.

Otra de las críticas es el planteo de un periodo excesivo de 30 años, cuando "ya se ha demostrado que los Estados no pueden sostener estos beneficios durante tanto tiempo", señaló otro especialista a Catamarca 12. De hecho en Argentina ya existe la Ley de Inversiones Mineras, la cual fija la carga tributaria, algo que no se ha cumplido, ya que tanto los estados Nacional como provinciales han alterado diferentes gravámenes.

En este sentido, se señala que bastaría con modificar la carga tributaria y actualizar la Ley de Inversiones Mineras. En tanto, la proyección del CAEM estima que de ponerse los proyectos de cobre en marcha, se calcula que los primeros años el país exportaría alrededor de u$s9.000 millones. Otro dato que refuerza la mirada de que 30 años de tasa 0 de derecho aduanero es excesivo.

La cuestión de las Provincias

Los tres gobernadores de la Mesa del Cobre, Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan), salieron a apoyar el Régimen de Grandes Inversiones. Sin embargo, tal como está planteada la Ley, las provincias quedarían en un limbo sobre los derechos tributarios

Sin embargo, desde algunos sectores, el espíritu de la ley acentúa el centralismo frente a la soberanía de los recursos mineros de la provincia. Actualmente el 80% de la carga tributaria de la actividad corresponde a la Nación. De aprobarse el proyecto de RIGI que envió Diputados a la Cámara Alta, el anterior artículo 162, ahora 163, dispone la nulidad del derecho de las provincias a legislar sobre su territorio respecto a la actividad: “Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho, nacional por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.

La redacción resulta contradictoria y el artículo deja demasiados grises para la aplicación. Esto se explica porque la primera proposición que resulta contradictoria con el resto del párrafo fue agregada en la discusión en Diputados, quienes lograron anteponer “Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales", lo cual resulta en franca contradicción con lo que dicta después. 

Las provincias de la Mesa del Cobre, parecen preferir correr el riesgo de negociar directamente con las empresas el margen de regalías, algo que quitaría transparencia a la política tributaria y que además dejaría a los municipios, que son en definitivas los terrirtorios donde impacta la actividad, a merced de la Nación y las provincias.

En relación con todos estos claroscuro, desde el ámbito político se remarcó que la oposición llegó tarde a la discusión, algo que incluso los senadores radicales señalaron este martes al pedirle tiempo al gobierno Nacional para analizar el paquete de medidas.

Otra debilidad que señalan al RIGI es que no contempla incentivo de programa de desarrollo del proveedor.

Más flexibilización y evasión

El paquete de medidas del Gobierno implica una fuerte reforma laboral en detrimento de derechos adquiridos. Catamarca enfrenta actualmente una escalada de conflictos mineros. Los trabajadores de Zijin-Liex se encuentran en paro general a raíz de una serie de incumplimientos de derechos laborales, con la intervención de los gremios y del Gobierno provincial. La Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo sin precedentes detuvo los permisos de derecho de exploración minera en el Salar del Hombre Muerto, hasta que la Provincia no entregue los informes ambientales correspondientes a los proyectos litíferos que operan en la zona. Y específicamente el proyecto de cobre, MARA, no cuenta con el concenso social, lo cual provoca contantantes protestas y represiones policiales.

Además Catamarca presenta dos casos testigos de evasión fiscal por mineras, la subfacturación de Livent y la sobrefacturación de Zijin-Liex.

El informe de la CEPAL, Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe, advierte que "estas medidas tributarias producen otros efectos dañinos, además de la pérdida de recaudación para el Estado que limita el espacio fiscal, la inversión en infraestructura, la política social y afecta la equidad. También vuelven más complejos a los sistemas tributarios, incrementan los costos de administración y cumplimiento, crean espacios para la evasión y la elusión, al tiempo que restan transparencia a la política fiscal y distorsionan la asignación de recursos".

En las sombras queda la experiencia amarga de la minera Debajo de la Alumbrera, cuyas intalaciones servirán de plataforma para el proyecto de cobre MARA.